Tres personas acusadas de estafar a postulantes del Programa de Admisión Básica (PAB), a los que pedían dinero con la promesa de asegurarles el ingreso a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), fueron enviados este sábado a la cárcel de Palmasola.
Los procesados son Rony Guillen Yustt, Brisa Nataly Uriona Espinoza y Julio César Guillén, que, aunque no son funcionarios de la estatal cruceña, se presume operaban en complicidad con trabajadores de la Uagrm.
El fiscal que lleva el caso, Álvaro La Torre, cree que esto solo es la punta del ovillo para dar con una presunta red que se dedica a realizar cobros irregulares a los estudiantes y postulantes de la ‘U’, pues las investigaciones preliminares dan cuenta de que hay gente que realiza cobros por cambio de materia, cambio de grupo y hasta por hacer aprobar materias.
Precisamente por ello, el representante del Ministerio Público ha decidido ampliar las investigaciones contra funcionarios de la ‘U’ para saber si hay implicados.
Víctimas
Las investigaciones que llevaron a la aprehensión de los tres supuestos estafadores se iniciaron tras la denuncia de cuatro personas que aseguraron haber pagado $us 350 para aprobar el PAB, pero que sus nombres no aparecieron en la lista de aceptados.
Sin embargo, el fiscal cree que puede haber casi un centenar de víctimas, pues cuando Romy Guillen fue aprehendido portaba un folder que contenía 57 cédulas de identidad y tarjetas del PAB de postulantes, a los que presumiblemente también se les pidió dinero prometiéndoles el ingreso a la ‘U’.
Pero eso no es todo, en la revisión de los mensajes de texto de su celular se hace mención de un total de 90 víctimas. También se menciona de cobros de Bs 500 por cambio de materia, alteración de notas y cambio de grupo.
El representante del Ministerio Público hizo notar que la estatal cruceña se ha convertido en parte civil en dicho proceso, pues las autoridades de dicha universidad han manifestado su predisposición en que estos hechos sean investigados.
Consultado al respecto, el vicerrector de la estatal cruceña, Oswaldo Ulloa, advirtió que si algún funcionario resulta involucrado en estos hechos, además del proceso judicial, la universidad le seguirá un proceso interno, que puede derivar en la suspensión definitiva de su cargo.
La autoridad académica, empero, hizo notar que las medidas de seguridad que se implantaron durante la toma del PAB fueron las óptimas, ya que, de lo contrario, los 90 estudiantes que pagaron por ingresar a la ‘U’ hubiesen sido admitidos, lo que no sucedió.
“Si hubiera sido así nuestra preocupación fuese mayor”, dijo Ulloa, al indicar que es posible que muchos de los estudiantes que pagaron por ingresar hubieran sido aceptados por esfuerzo propio, es decir, su buen rendimiento en la prueba y sus buenas calificaciones en el colegio
Para saber
Acuerdo
En enero de este año, el rector de la estatal cruceña, Saúl Rosas Ferrufino, firmó un acuerdo con el fiscal de Distrito, Henry Herrera, para acabar con la corrupción dentro de la universidad. En aquella oportunidad, la autoridad de la Uagrm le entregó al titular del Ministerio Público varias denuncias sobre cobros irregulares dentro de la ‘U’ y se anunció la conformación de una comisión para que investigue los casos.
Algunos casos
En marzo del año pasado un medio televisivo logró captar el momento en que un padre de familia se comunicó con un dirigente estudiantil, que supuestamente aseguraba el ingreso del postulante previo pago de dinero. En aquel momento, el exrector Reymi Ferreira aseguró que la denuncia sería investigada, pero el proceso no avanzó. En febrero del mismo año, un funcionario que trabajaba en el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) fue removido de su cargo y remitido al tribunal administrativo de justicia para que se le siga un proceso interno, luego de que una muchacha lo acusó de haber pedido dinero y favores sexuales a cambio de asegurarle el ingreso a la universidad pública.
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