La Fiscalía Anticorrupción presentó de manera formal una imputación penal contra exautoridades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), entre las que figuran exrectores, decanos y otros por supuestas irregularidades en la construcción de módulos y aulas para diferentes carreras.
En la imputación la Fiscalía los acusa por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, uso indebido de influencias, encubrimiento, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado así como falsedad ideológica, pues las investigaciones indican que las licitaciones de obras se hicieron de forma amañadas con el fin de beneficiar económicamente a una empresa constructora.
La resolución presentada el lunes ante el juez noveno de instrucción Cautelar lleva la firma del fiscal Ángel Álvarez. Los imputados son: Alfredo Jaldín, Reymi Ferreira (exrectores), Edy Acosta Claros, David Melgar Grichuquin, Cornelio Barriga Calvimontes, Edwin Céspedes Barba y Nelson Henrry Montalvo. Todos fueron notificados y prestaron sus declaraciones en la Fiscalía para hacer sus descargos, aunque algunos optaron por el silencio.
La imputación emerge de una denuncia de junio de 2011 hecha por Carlos Silvio Arévalo, Edil Caballero Carrasco, Jhonny Vargas Gonzales y Marcelo Peña contra 14 autoridades de la Uagrm.
Especifican que se trata de un proceso de licitaciones públicas de la universidad para la construcción de un módulo de aulas para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, otro para Humanidades, Contaduría Pública, Ciencias Económicas y Financieras y laboratorios de Ciencias de la Salud Humana y sus correspondientes modificaciones. Según informes de la Fiscalía, las licitaciones se realizaron de forma amañada para beneficiar ilegalmente a la empresa constructora Aguaragüe, pese a no cumplir con los requisitos exigidos por ley, además por existir una supuesta relación o afinidad con autoridades académicas de la estatal cruceña.
Medidas sustitutivas
En su parte resolutiva la Fiscalía asegura que hubo daño económico por sobreprecios en las edificaciones de las obras públicas de gestiones que arrastran desde el año 2007. Sin embargo, pide que en la audiencia instalada el juez otorgue medidas sustitutivas en favor de los implicados sin que esa acción signifique no llegar hasta el final de la indagación y hasta un juicio oral. Dentro de las medidas sustitutivas el fiscal pide arraigo para todos los procesados, presentación de dos garantes personales, la firma del libro cada 15 días en la Fiscalía, el pago de una fianza de Bs 50.000 y anotación preventiva de sus bienes
Exrectores dicen que todo es infundado
El exrector Reymi Ferreira dijo no conocer a fondo la denuncia, pero considera que es infundada y que carece de sustento. Es más, aseguró que enfrenta varias denuncias en su contra, las que -según él- tienen un interés por detrás.
Por su parte, el exrector Alfredo Jaldín manifestó que a su tiempo pidieron la nulidad del proceso por considerar que no tiene asidero y que los denunciantes tienen un interés económico.
Jaldín dijo que por esa razón pidieron el archivo de obrados, pero que seguirán defendiéndose ante la justicia.
El exdecano de la Facultad de Derecho Alfonso Coca, así como Edy Acosta hicieron uso de su derecho constitucional de guardar silencio cuando acudieron a prestar sus declaraciones ante la Fiscalía de Distrito.
Se espera la audiencia
El juzgado fijará día y hora
La Fiscalía espera que el juez noveno de Instrucción Cautelar fije día y hora para celebrar la audiencia a la que deben asistir todos los imputados.
Un caso por cuestión política
Algunos de los imputados consideran que la denuncia en su contra por parte de otras personas tiene un interés de tipo político para causar daño y desprestigio.
Sentar precedentes
Los denunciantes hacen notar a las autoridades de la Fiscalía que las licitaciones amañadas para favorecer a una constructora y con sobreprecio merece una sanción para sentar precedentes siendo que las obras son públicas y para beneficio de tipo social.
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